LEY ESPECIAL PARA FACILITAR EL ACCESO AL CRÉDITO

A la espera de la normativa para aplicación de la Ley… mientras varias Interrogantes

Desde el mes de mayo del presente año, se encuentra en vigencia la “Ley Especial para Facilitar el Acceso al Crédito”.  Con esta Ley el Gobierno buscar modificar la normativa a fin de facilitar el acceso al crédito por parte de las instituciones financieras a todas aquellas empresas que debido a la Pandemia requieren de liquidez de corto plazo.

La ley aplica a las instituciones financieras reguladas y no reguladas, y señala que éstas podrán utilizar las metodologías que consideren adecuadas en cada caso para la evaluación de los créditos destinados a actividades productivas de emprendedores, así como de micro y pequeños empresarios, sectores a quienes las instituciones financieras difícilmente pueden ofrecer facilidades crediticias y que constituyen un universo de alrededor de un setenta por ciento de la población de acuerdo a la Ley.

Un resumen del contenido esencial de la Ley se presenta en el siguiente cuadro:

“LEY ESPECIAL PARA FACILITAR EL ACCESO AL CRÉDITO”

A la espera de la normativa para aplicación de la Ley… mientras varias Interrogantes

 

Desde el mes de mayo del presente año, se encuentra en vigencia la “Ley Especial para Facilitar el Acceso al Crédito”.  Con esta Ley el Gobierno buscar modificar la normativa a fin de facilitar el acceso al crédito por parte de las instituciones financieras a todas aquellas empresas que debido a la Pandemia requieren de liquidez de corto plazo.

La ley aplica a las instituciones financieras reguladas y no reguladas, y señala que éstas podrán utilizar las metodologías que consideren adecuadas en cada caso para la evaluación de los créditos destinados a actividades productivas de emprendedores, así como de micro y pequeños empresarios, sectores a quienes las instituciones financieras difícilmente pueden ofrecer facilidades crediticias y que constituyen un universo de alrededor de un setenta por ciento de la población de acuerdo a la Ley.

Un resumen del contenido esencial de la Ley se presenta en el siguiente cuadro:

 ¿Interrogantes?

Uno de los objetivos de la Ley es promover que la Banca apoye de forma más efectiva al sector Mype. Sin embargo, las dificultades de la Banca Comercial para atender al sector, no sólo están relacionadas con los requisitos. Se trata de un tema mucho más complejo: del tipo de políticas y procesos operativos, cultura y enfoque para la gestión de riesgos y las metodologías utilizadas para evaluar las solicitudes de un sector que es mayormente informal.  El problema real es que la mayor parte de la Banca no está diseñada para atender la demanda de crédito de este sector, que es mayormente informal. Según nuestras estimaciones, está compuesto de un millón de unidades económicas, de los más disímiles tamaños y actividades económicas.

Es para atender precisamente a este sector informal no atendido por la Banca tradicional, que en los últimos 30 años se han desarrollado cooperativas y organizaciones de microcréditos, la mayor parte aglutinadas en Asomi, y que atienden con metodologías de crédito Ad-hoc a este sector. Lo específico precisamente de sus metodologías es la utilización de la información generada por la trayectoria de pago del cliente y las visitas de campo del asesor en sitio, como método alternativo a cubrir la brecha de documentación y requisitos, que por su informalidad estos clientes no pueden cumplir.

La Banca seguramente podrá atender parcialmente y con limitaciones a una parte de este sector ya bastante bancarizado, pero muy difícilmente podrá cerrar la brecha y limitaciones, que por diseño tiene para atender a este sector, que por definición carece de documentación validada para sustentar sus ingresos y gastos.

 

Los clientes más afectados

De la lectura del Decreto se desprende que los clientes que más problemas tendrán serán aquellos que demanden créditos mayores a US$30,000 y que ya tengan referencias crediticias en el sistema financiero o en las centrales de riesgo. Para estos clientes, muchos de los cuales ya son clientes de muchas instituciones de microcrédito, lo que les espera con la nueva Ley son nuevos requisitos. Deberán presentar solvencias municipales y tributarias, constancias de depósito de sus estados financieros en el Registro de Comercio y Matrícula de Comercio.

Las implicaciones de esta disposición de la Ley parecen muy claras hacia este tipo de cliente: si quieren tener acceso al crédito deberán reportar sus estados financieros y registrarse, de lo contrario deberán acudir a instituciones informales, o no reguladas con débil supervisión, que operan por su mayor riesgo con tasas de créditos mucho mayores.

Aunque el objetivo no explícito pareciera ser ir construyendo una base de potenciales contribuyentes para el fisco, lo cierto es que en el corto plazo muchos de estos clientes no podrán cumplir estos requisitos, ya que será muy difícil para ellos hacer declaraciones retroactivas y registrarlas, sin la documentación correspondiente. Por otro lado, los clientes que tengan estos estados financieros,  seguramente tendrán los previos a la Pandemia, por lo que es muy probable que ello no refleje sus ventas y ganancias reales en este nuevo contexto de crisis.

En resumen y como resultado, muchas instituciones no podrán aprobar créditos por encima de US$30,000 a muchos de sus clientes, que, según nuestras estimaciones, corresponde a uno de los segmentos de la MYPE que más empleos genera. De tal forma, que los resultados podrían terminar ser siendo contrarios a lo que se espera: impedir la reactivación de uno de los segmentos de la MYPE más dinámicos por imposibilidad de acceso al crédito.  Se estima que este segmento de pequeños empresarios está compuesto de unas 400,000 unidades.

El objetivo de ir procurando la formalización de este sector por supuesto es un objetivo legítimo y necesario, ya que hay un porcentaje importante del sector con capacidad de tributar. Pero las experiencias de la región y de otros países demuestran que, si no existen incentivos y beneficios reales, y más bien solo representan nuevos costos, los resultados de una política de este tipo son dudosos. Especialmente si se considera, que con la Pandemia, la reducción de las ventas y la demanda, presiona aún más los márgenes de ganancia, y han llevado a muchos de los empresarios de la MYPE a operar con una lógica de subsistencia.

Queda abierta entonces la interrogante:

¿Tendrá éxito una Ley que pretende formalizar a una parte del sector para que la Banca formal lo atienda, cuando los procesos y enfoque del sistema financiero y sus operaciones están precisamente diseñados para atender sectores formales y no informales?

¿Se trata de una Ley oportuna, dadas las condiciones extraordinarias de crisis que enfrentan estas empresas?

¿No será que la Ley al final lo que provocará es una desviación de estos clientes a ser atendidos por organizaciones no reguladas y no supervisadas, con el consiguiente incremento de tasas que ello conlleva y una mayor carga financiera para esos negocios?

Aunque la propuesta simplifica el requerimiento de información, al menos para los dos primeros segmentos de créditos estipulados, surgen algunas dudas sobre la forma en que las instituciones financieras la aplicarán, y si efectivamente con su aplicación el sector microempresarial obtendrá mayor acceso al crédito.

Por de pronto, las instituciones financieras se encuentran a la espera de que el Banco Central de Reserva emita la normativa bajo la cual deberá aplicarse la nueva Ley. Ojalá que la normativa de más flexibilidad y corrija algunos de los desaciertos de la Ley principal, de lo contrario sus resultados podrían ser contraproducentes en el corto plazo, y retrasarán la reactivación de este sector tan importante.

La nueva normativa de la Ley Especial para Facilitar el Acceso al Crédito (LEFAC)

Recientemente la Asamblea Legislativa ha decretado la “Ley Especial para Facilitar el Acceso al Crédito “-LEFAC-, que básicamente busca facilitar el acceso al crédito mediante la simplificación de los requisitos de documentación para créditos por debajo de los US$30,000. 

Boletín Mype hizo un resumen de esta Ley en su edición No. 3, la que en ese momento se encontraba a la espera de la normativa a ser emitida por el Banco Central de Reserva (BCR).

Análisis de la normativa

La normativa fue incorporada mediante modificación a las Normas para Clasificar los Activos de Riesgo Crediticio y Constituir las Reservas de Saneamiento (NCB-022), en el mes de agosto del presente año, y el BCR ha otorgado a las instituciones financieras un plazo de 90 días que vence el 2 de diciembre del presente año, para que adecúen sus Políticas a los cambios requeridos por tal normativa. 

Las normas relacionadas a la LEFAC, como lógicamente se suponía, no podían ir más allá de lo que la LEFAC ha establecido, y comprenden en resumen las siguientes disposiciones:

  1. a) Las instituciones financieras que están obligadas al cumplimiento de la Normas deberán establecer en sus políticas internas de concesión de créditos, mecanismos de originación expeditos, basados en simplificación de requisitos y trámites, para los créditos destinados a actividades productivas a los que hace referencia la LEFAC.
  1. b) Cada entidad definirá en sus políticas internas lo que entenderá como actividades productivas, tomando en consideración lo establecido en el artículo 2, literal d) de la LEFAC.
  2. c) Se agrupan dentro de los créditos para empresas que señala la Norma, los créditos a los que hace referencia la LEFAC.
  3. d) La evaluación y clasificación de los créditos bajo la LEFAC, se realizará de conformidad al contenido de los Anexos de la Norma NCB-022 y a los requisitos de información establecidos en la LEFAC.
  4. e) Los expedientes que se abran para cada deudor de crédito de actividades productivas bajo LEFAC, deberán contener todos los documentos relacionados con la solicitud, análisis, aprobación y seguimiento considerando para tales créditos los requisitos de información establecidos en la LEFAC y debiendo quedar dichos créditos adecuadamente identificados.
  5. f) En la información que las instituciones financieras envían a la SSF cada mes, sobre la clasificación de la cartera de todos sus activos crediticios y las respectivas reservas de saneamiento referidos a los saldos al cierre del mes, las entidades deberán identificar en su registro todos los créditos otorgados por la LEFAC.

La LEFAC fue emitida sobre la base de un supuesto esencial: que el problema de acceso al crédito es un problema de requisitos. De tal forma que tiene un enfoque de simplicación tramitológica en los créditos menores a los US$30,000, y los incrementa para los negocios que demandan créditos por encima de los US$30,000. Para estos montos, se asume que por el hecho de ser negocios con mayores ventas, podrán cumplir con los nuevos requisitos de formalización que la nueva Ley les demanda.

Pero el problema esencial del por qué los clientes y negocios informales no pueden cumplir con estos requisitos, es precisamente una consecuencia de la naturaleza informal de sus operaciones. No pueden operar como un negocio formal cumpliendo los requisitos de Ley, por una serie de factores, entre los que se encuentran los bajos niveles de ventas, ausencia de capital de trabajo, el nivel cultural y socioeducativo, lo bajos márgenes de ganancia, por el mercado al que sirven, entre otros aspectos.

Es por esa razón que los Bancos tradicionales tienen problemas para prestar al sector informal: no saben cómo evaluar negocios sin documentación y procesos formales de facturación y contabilidad. El acceso al crédito a través de una institución financiera regulada depende de la habilidad del modelo de negocio de identificar y premiar a los buenos pagadores y no del peso o simplificación de la documentación o la existencia o no de garantías.

Lo que verdaderamente abre el acceso al crédito al empresario, es el logro de un determinado nivel de desarrollo de su negocio, que le permite gradualmente cumplir con requisitos legales, a medida que se vincula a cadenas de negocios más formales.

En nuestro país, la Ley ya reconoce esta gradualidad en la regulación, en función de la capacidad y desarrollo de los empresarios de la Mype informal.

El cuadro que sigue muestra la regulación existente antes de la LEFAC.

REQUISITOS LEGALES DE OPERACIÓN BAJO LEGISLACIÓN ACTUAL EN EL PAÍS

Como se observa, en El Salvador ya contamos con las regulaciones que un microempresario (comerciante individual) debe cumplir de acuerdo a su nivel de desarrollo, medido a través de: volumen de ventas, monto de activos y total de ingresos entre otros.

Los nuevos requisitos que establece la LEFAC para créditos arriba de US$ 30,000, no hacen sino adicionar nuevos, en un contexto, en donde ya de por sí las Leyes vigentes no son de fácil cumplimiento para muchos microempresarios, y la Pandemia ha disminuido las capacidades de las Mypes y aumentado sus modalidades de operación informal.

Analizando un caso hipotético:

Si el Sr. Pérez es un microempresario informal y solicita un crédito por US$32,000, presenta ventas por US$40,000 anuales y posee activos de US$35,000; con la vigencia de la LEFAC no podrá acceder a la banca formal sin antes:

Entonces el Sr. Pérez que necesita el financiamiento para el desarrollo de su negocio, y no puede cumplir alguno de los anteriores requisitos, tendrá tres opciones:

  1. Iniciar el proceso de formalización de su empresa, solicitar apoyo, asesoría y revisar su modelo de negocio. Para ello necesitará recursos y un tiempo de varios meses, y si lo logra, finalmente emprender o ampliar su negocio y una vez esté formalizado podrá regresar a solicitar su crédito.
  2. Buscar un agiotista. Este le aplicará una tasa del 80% de interés anual, le requerirá garantía hipotecaria y en forma exprés le otorgará los US$32,000.
  3. Dividir en dos su solicitud de crédito, presentando simultáneamente dos solicitudes de crédito a dos instituciones distintas, por un monto menor de US$30,000.

Formalizarse para acceder al crédito

La LEFAC conlleva implícito el objetivo de formalizar a este sector de la economía que solicita o requiere créditos superiores a US$ 30,000.

No es el objetivo de este análisis, discutir la razón fiscal que aparentemente está detrás de esta legislación. Lo que sí es cierto, es que una adecuación a la regulación y formalización, que promueva el desarrollo de los empresarios de la Mype puede ser muy positiva, si se adecua a su nivel de desarrollo relativo y capacidades. El problema es que la actual normativa y Ley carece de flexibilidad y gradualidad, ya que establece requisitos que en el poco tiempo en que entrará en vigencia, miles y miles de empresarios de la Mype informal no podrán cumplir.

El resultado, como ya anticipábamos en nuestro número anterior, es que muchos de los empresarios de la Mype informal, que es el segmento más dinámico y generador de empleo, tendrán problemas para acceder al crédito.

El negocio del Sr. Pérez, de nuestro ejemplo, se verá con dificultades.  Lo obligará a “rebuscarse”, como se dice en el lenguage de la calle, a fin de encontrar formas para apalancarse y continuar sus operaciones.

Este rápido análisis parece evidenciar la necesidad de revisar la LEFAC, a fin de que reconozca un necesario principio de gradualidad y flexibilidad, ya que la Mype informal es un sector complejo, con múltiples diferencias de tamaño, margen de rentabilidad y características socioculturales, que nos les permiten someterse rápidamente a esta regulación, sin un esfuerzo sostenido de capacitación, asesoría y acompañamiento.

Privarlas de un acceso al financiamiento efectivo, luego de una Pandemia casi apocalíptica, parece al menos una medida no oportuna para el contexto extraordinario que atraviesa el país.

La necesidad de un replanteamiento de una Ley como la LEFAC, parece el camino más razonable. Lo prioritario es apoyar la generación de trabajo, no importa la naturaleza de que se trate: formal, semiformal o informal.  Lo que necesitan los salvadoreños es de medios rápidos para proveerse de sustento y trabajo, bajo las formas más flexibles posibles.

Si la Ley no se impregna de ese pragmatismo, corre el riesgo de ser inefectiva.

Sigue siendo cierto el principio básico de que la Ley se debe adaptar a la realidad, y no al revés. Es definitivamente una medida en si misma correcta para el mediano y largo plazo, pero que requiere de tiempo, para que se puedan crear las condiciones para su debida implementación.


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